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Urgen planeación en manejo de agua

Reforma / Iván Sosa

Cd. de México, México (15 septiembre 2017).- De ser aprobada, la Ley de Sustentabilidad Hídrica obligará al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a elaborar y financiar un programa de largo plazo para abatir escasez de agua potable y puntos de inundación, indica el dictamen legislativo de la iniciativa.

“El Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos contendrá la planeación a cuando menos 25 años, su cumplimiento será de carácter obligatorio y contendrá las acciones programáticas anuales y los montos necesarios de inversión”, apunta el documento.

El programa se basará en indicadores con colonias precisas, para definir metas y dirigir obras e inversiones en lugares puntuales, en donde se registran deficiencias por suministro tandeado o por pipas, o bien anegaciones recurrentes en temporada de lluvias.

“Someter anualmente a revisión de un evaluador externo el cumplimiento del Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos y de los indicadores de impacto social e institucional a efecto de realizar las modificaciones correspondientes”, será una obligación del Sistema de Aguas (Sacmex) y los diputados.

El programa incluye la obligación de integrar un plan para recolectar líquido pluvial y ampliar el tratamiento de aguas residuales.

“Dicho Programa debe contemplar las acciones y recursos de inversión necesarios para lograr, por una parte, mejorar los servicios públicos cumpliendo con los objetivos de calidad, cantidad de agua y especialmente la sustentabilidad de las fuentes de abastecimiento, acciones de drenaje sanitario, pluvial, tratamiento y reuso, proponiendo sus fuentes de financiamiento”, indica el dictamen.

El director de Sacmex, Ramón Aguirre, ha planteado que el programa de largo plazo requiere inversiones de por lo menos 25 millones de pesos, por lo que también se necesitan fondos federales.

De acuerdo con la especialista del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, Elena Burns, como está planteado el programa sólo beneficiará a constructoras de obras demandantes de presupuesto, sin responder a las necesidades sociales.

“Por eso es relevante darle mayor peso a la Contraloría Ciudadana, prevista por la misma ley, pero debe tener la misma influencia del consejo de expertos”, anotó Burns.

Hasta ahora, el dictamen aguarda para ser aprobado por el pleno en la Asamblea Legislativa, que recién iniciará el periodo ordinario.