Los desarrolladores inmobiliarios, que construyen edificaciones nuevas o rehabilitan edificaciones ya existentes para vivienda, generalmente utilizan todo el potencial posible de metros cuadrados construidos que permiten las leyes aplicables, por lo que, en la mayoría de los casos, las ampliaciones en azoteas se realizan de manera posterior a la conclusión de obra, y de manera ilegal. Este fenómeno se presenta en todos los estratos socioeconómicos y de manera generalizada en las ciudades. Los casos más reprobables son los que se conjuran desde la concepción misma de la edificación con el conocimiento de todos los actores, propietarios, desarrolladores inmobiliarios, constructores, proyectistas, Directores Responsables de Obra (DRO) y de los corresponsables, incluso los verificadores de los gobiernos municipales.